LA TRANSFORMACIÓN DE LA RELACIÓN TRIBUTARIA CON EL FISCO: DE LA DESCONFIANZA A LA CONFIANZA EN EL CONTRIBUYENTE

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Sin duda uno de los factores principales de la reticencia del mexicano a pagar impuestos lo constituye la evidente corrupción en todos los órdenes de gobierno en nuestro país, en donde los funcionarios públicos y políticos despilfarran, pero sobre todo, roban el erario público sin el menor pudor y con total impunidad, y que cuando todo esto es tan evidente que no es posible que nadie lo note, pues lo justifican con absurdos tales como que se sacaron la lotería (y hasta varias veces!), que recibieron una herencia, o en el ya clásico, y que sin duda debe existir en algún tipo de manual de procedimientos que todo partido político debe tener para justificar los rumores de riqueza inexplicable o de colusión con la delincuencia organizada, aquel famoso y ya trillado argumento de que “soy un perseguido político”, “son rumores propagados por enemigos políticos”, pero “yo nací para servir a mi nación y al pueblo y así me he conducido de manera recta y honorable durante toda mi carrera política” (¡!¿?)..….y esta es la parte donde uno se tira al suelo de la risa y de la lástima que dan estos sujetos que aún piensan que los mexicanos somos tan inocentes para creer tales tonterías, por no decir otra palabra.

La cuestión es que todos en este país somos conscientes de que los dineros públicos no se destinan a los fines para los que en teoría deberían ir, y que la mayor parte de lo recaudado termina siendo desviado a cuentas de fideicomisos de los que nadie sabe para que se crearon, a financiar campañas del partido político en el poder, a que los hijos, familiares y no tan familiares del funcionario público se la pasen en “la pachanga” por todo el mundo y a todo lujo, a que los políticos se compren mansiones, obras de arte, autos de lujo, a pagar los obsequios y caprichos de las amantes (chamacas de portada de revista y directas de Sillicon Valley –y no porque sean muy tecnológicas-), que se desvíen millones de dólares a modestas cuentas bancarias en paraísos fiscales (ya que merecen abundancia), etc. etc., mientras que en todo el territorio nacional permea la inseguridad, calles sin alumbrado público, carreteras y calles llenas de baches, servicios de salud deficientes, el desempleo, escuelas sin lo elemental, los bajos salarios en todos los niveles de servicios y un largo etc. etc.

Tal situación no es una mera idea o percepción del ciudadano sin fundamento alguno, sino que lo anterior se corrobora por estudios realizados por diversos organismos, tales como el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, el cual estima el costo de la corrupción en México en un 10% del PIB, o el Reporte de Competitividad del Foro Económico Mundial, el cual señala a la corrupción como el principal inhibidor de la inversión en México, ubicando a nuestro país en el lugar 127 de 137 países, en cuanto al desvío de fondos públicos, así como en la confianza hacia los políticos; mientras que ocupa el lugar 129 respecto al favoritismo en la toma de decisiones de los funcionarios públicos.

Esta situación sin duda fue un factor en el boom de esa práctica ilegal de comprar facturas para así disminuir la base tributaria de manera “legal”, según sus promotores (¡!!), tan legal que hasta era común ver anuncios de despachos de dizque asesoría fiscal anunciando tal práctica como su estrella en su menú de “estrategias fiscales” (recontra ¡!!)…ah, pero eso si, aclarando que ellos no vendían facturas, porque sus facturas eran legales, autorizadas por el SAT y no falsas (super recontra ¡!!) y que entonces por eso era legal y válido el esquema (no ma?!15%es)…. (caray!, porqué nunca entendí algo tan simple y lógico?… la lana que dejé ir por no comprenderlo en su momento).

Lamentablemente, sí yo ante ésta práctica siempre pensé “no ma&%/!es!”, pues cuando la autoridad fiscal detectó que esto se había propagado por todos lados, pues pensó “no la chin$$%%/en” (o algo así) y su trauma fue tan grande que actualmente en toda revisión que hace a los contribuyentes cree ver compra de facturas en toda operación y por todos los contribuyentes, por lo que para demostrar la realidad de las operaciones pide hasta la vacuna del perro que según ella todo contribuyente debe tener en estos tiempos de inseguridad.

Con lo cual ha quedado clara la desconfianza de la autoridad fiscal hacia los contribuyentes en general, situación que se corrobora aún más con sus programas internos donde ha emitido lineamientos orientados exclusivamente a detectar esta práctica de compra de facturas por parte de los contribuyentes.

Lo cual sin duda es algo lógico y necesario para poner fin a tal práctica ilegal, pero que lamentablemente y como casi siempre ocurre en estos casos, terminarán pagando “justos por pecadores” ya que existirán contribuyentes que terminarán siendo afectados por ésta política de la autoridad fiscal por el simple hecho de no contar con el debido control interno aunque la operación haya sido real.

Pero esta política de desconfianza hacia los contribuyentes aparentemente tendrá un cambio con el nuevo gobierno en el país para el año 2019. En efecto, pareciera ser que el nuevo gobierno es consciente de que una de las principales razones de no pagar impuestos en México lo es la corrupción, como ya se ha mencionado, por lo que entonces pretende que la ciudadanía en general cambie su percepción sobre los funcionarios públicos y sobre el destino de los dineros recaudados a través de los impuestos, y así uno de sus objetivos es la eliminación de la corrupción, para lo cual, entre otras medidas, se “instaurará un nuevo esquema de cobro de impuestos basado en tenerle confianza al ciudadano, en lugar de tratarlo como a un delincuente. Es decir, pasar de la fiscalización al principio de buena fe”.

Así “se propone la creación de una ley que funde las bases y los instrumentos legales para renovar la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas, y que reciban de éstas beneficios y facilidades administrativas para que puedan ejercer de mejor manera sus actividades económicas y con menos trámites ante las autoridades”.

Con esto se buscará “…además de fomentar la cultura de la legalidad como eje rector del desarrollo económico, generar un entorno de confianza basado en el cumplimiento voluntario de obligaciones regulatorias y fiscales: parte del principio de generar confianza del ciudadano en el gobierno y viceversa, con el objetivo de reducir la corrupción”.

Por lo que con tal fin el 13 de Noviembre de 2018 se presentó la iniciativa de la Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana, con la cual se pretende establecer las bases para la instrumentación de acciones y programas sectoriales que las dependencias de la Administración Pública Federal deberán implementar a efecto de otorgar beneficios y facilidades administrativas relacionadas con las actividades económicas que desempeñan las personas en nuestro país.

Por lo que a continuación se realiza un análisis del contenido de dicha iniciativa de Ley:

NATURALEZA DE LA LEY

La Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana (LFCC) no es un ordenamiento de carácter fiscal como podría pensarse al escuchar a diversos comentaristas que únicamente realzan el tema de la no fiscalización a contribuyentes por parte de las autoridades fiscales.

Sino que esta ley establece las bases para que las diversas dependencias de la Administración Pública Federal implementen acciones y programas con los cuales otorguen beneficios y facilidades administrativas a las personas que desempeñen una actividad económica en el país y que se inscriban en un padrón especial que deberá operar y administrar la Secretaría de Economía.

Esto es, a través de la LFCC se obligará a todas las dependencias de la Administración Pública Federal, entre ellas por supuesto a la Secretaría de Hacienda, a brindar facilidades administrativas y otorgar beneficios a las personas que voluntariamente se inscriban y formen parte del denominado Padrón Único de Confianza.

APLICACIÓN DE LA LEY

La Secretaría de Economía será la encargada de aplicar la LFCC para lo cual se le otorgan las funciones siguientes:

l. Fomentar la cultura de la legalidad y del comercio formal.

II. Promover y realizar, con las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México, la celebración de convenios de coordinación para la implementación de acciones que tengan por objeto brindar facilidades administrativas a las personas físicas y morales que realicen actividades económicas.

III. Generar un entorno de confianza entre las personas físicas y morales que realicen actividades económicas y la Administración Pública Federal, basado en el cumplimiento voluntario y permanente de las obligaciones regulatorias y fiscales, y el otorgamiento de facilidades administrativas por parte de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

IV. Operar y administrar el Padrón Único de Confianza, en los términos de esta Ley y los convenios de coordinación con las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México.

V. Las demás otorgadas por esta Ley y las disposiciones que de ella emanen.

Por lo que de acuerdo a lo anterior, las facilidades administrativas y beneficios que se otorguen no sólo será a nivel federal, sino también a nivel estatal y municipal, para lo cual se celebrarán convenios a ese fin con los Estados y Municipios, o alcaldías en la Ciudad de México.

Correspondiendo a la Secretaría de Economía el realizar las actividades necesarias para generar un entorno de confianza entre ciudadanos y administración pública, lo cual propiciaría el cumplimiento voluntario y permanente de las obligaciones regulatorias y fiscales a cargo de los particulares.

Todo esto lo llevará a cabo la Secretaría de Economía a través de un Órgano que estará encargado además de operar y administrar el Padrón Único de Confianza.

QUÉ ES EL PADRÓN ÚNICO DE CONFIANZA

Este es un padrón que operará y administrará la Secretaría de Economía en los términos que fije la LFCC y los convenios de coordinación con las Entidades Federativas, Municipios y Alcaldías de la Ciudad de México.

Este padrón estará integrado por todas las personas que desempeñen una actividad económica en el país y que se inscriban de manera voluntaria en el mismo, por lo que dicho padrón no se integrará de manera automática con todas las personas que realicen actividades económicas o que desarrollen determinado tipo de actividad, sino que será necesario que la persona haga la gestión de inscribirse.

De acuerdo a la LFCC la inscripción voluntaria se entenderá como un acto de buena fe, por la cual los contribuyentes manifiestan que se encuentran al corriente en el cumplimiento de las obligaciones regulatorias y fiscales, de acuerdo a la actividad económica que desempeñen.

Al inscribirse en el padrón, los contribuyentes deberán manifestar, bajo protesta de decir verdad, que se comprometen a continuar con el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la normatividad que los regula, así como con sus obligaciones fiscales, a fin de que tengan derecho a los beneficios y facilidades administrativas que las diferentes dependencias gubernamentales otorgarán.

Por lo que entonces será un requisito indispensable el inscribirse en el Padrón Único de Confianza para tener derecho a los diferentes beneficios que se otorgarán.

CÓMO INSCRIBIRSE AL PADRÓN UNICO DE CONFIANZA

El proceso de inscripción y registro al Padrón Único de Confianza lo determinará el Órgano de la Secretaría de Economía en su momento, para lo cual deberá definir la información que se deberá registrar y los criterios para realizar el registro, los cuales deberán ser ampliamente difundidos, siendo tal registro un dato público, ya que se establece que se podrá consultar de manera pública a través del portal de Internet que la Secretaría de Economía desarrolle para tal efecto, aunque protegiendo los datos personales conforme a la legislación vigente en la materia.

BENEFICIOS DE INSCRIBIRSE EN EL PADRÓN UNICO DE CONFIANZA

Los beneficios que se desprenden del contenido de la LFCC son los siguientes:

1.- Tener derecho a las facilidades administrativas y beneficios que otorgarán las dependencias de la administración pública en los 3 órdenes de gobierno, es decir, a nivel federal, estatal y municipal.

2.- De que únicamente el 1% de los contribuyentes inscritos, sean sujetos a fiscalización en el cumplimiento de sus obligaciones regulatorias y fiscales.

3.- Que la selección de los contribuyentes a fiscalizar no la hará el SAT, sino el Órgano de la Secretaría de Economía, en coordinación con el sector privado, por lo que en teoría no influiría los antecedentes del contribuyente.

SANCIONES

La LFCC establece como única infracción sujeta a sanción, el proporcionar información no fidedigna al Padrón Único de Confianza, con lo cual se tendrán las siguientes consecuencias:

1.- Perder la inscripción al Padrón Único de Confianza.

2.- Perder los beneficios inherentes por el período de hasta un año de haber sido sancionados.

3.- Serán sujetos de manera continua a procesos de verificación hasta que revaliden su inscripción, conforme a los criterios que establezca el Órgano en su momento.

CONCLUSIONES

1.- La LFCC reconoce la buena fe en la actuación de los particulares, por lo que no señala requisitos para que estos se inscriban al Padrón Único de Confianza, sino que bastaría solo la voluntad del particular y su palabra, con lo cual no tendría que demostrar nada para inscribirse a dicho padrón, mas sin embargo, será necesario esperar a las reglas que dicte el Órgano que manejará el padrón para conocer los criterios e información que se deberá proporcionar para ello.

2.- Los beneficios que se contemplan no sólo son en materia fiscal, sino en general en todo el ámbito regulatorio a que se encuentra sujeto cualquier persona con una actividad económica en el país (lavado de dinero, laboral, civil, salubridad, etc.)

3.- El objetivo es crear mutua confianza, tanto de la ciudadanía hacia la administración pública y viceversa, por lo que ante tal entorno la fiscalización regulatoria en general se reduciría de manera notable.

4.- Con los beneficios y facilidades que en general se otorgarían, el contribuyente no tendría porque andar acudiendo a “estrategias fiscales” ya que tales beneficios serán importantes y además se tendrá la confianza de que el impuesto pagado irá realmente a cubrir los gastos públicos.

5.- Un “experimento“ interesante sin duda alguna esta Ley, pero cuya efectividad quedará supeditada a que realmente se reduzca la corrupción y no quede en un mero intento o buen deseo, además por supuesto a la naturaleza de los supuestos beneficios y facilidades que se otorgarán de manera general.

       

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